El tribunal considera que la enferma, de 32 años, no tiene capacidad para decidir por sí misma
Sus allegados creen que se han de respetar sus deseos
Es una antigua estudiante de medicina de 32 años que vive en Gales, no puede ser identificada por razones legales y se la conoce como E. No tiene expresamente la voluntad de morir pero es protagonista de un caso extremo de anorexia: tiene “un miedo obsesivo a coger peso” hace ya más de un año, se niega a tomar ningún tipo de alimento sólido y apenas agua, lo que la ha llevado a tener un índice de masa corporal de 11,3, equivalente a un peso de 33 kilos para una persona que tuviera 1,70 metros de altura.
Un juez del Tribunal de Protección, en Londres, ha dictaminado ahora que debe ser alimentada “incluso a la fuerza si es necesario”. ¿Por qué? Porque “E es una persona especial cuya vida es valiosa; ella no lo ve así en estos momentos, pero puede que sí lo haga en el futuro”, ha razonado en su sentencia el juez Peter Jackson, encargado del caso.
Creado en 2007, el Tribunal de Protección tiene capacidad para “tomar decisiones en nombre de personas que son incapaces de tomarlas por sí mismas”. El tribunal puede decidir si una persona está o no en condiciones de tomar una decisión, puede tomar decisiones financieras o de bienestar en nombre del afectado o nombrar a personas que actúen en su nombre o impedir que lo sigan haciendo.
El caso de E fue planteado el mes pasado por las autoridades del municipio en el que reside, por entender que si no se alimenta morirá. Con trastornos relacionados con la comida desde los 11 años, E sufre otros problemas de salud graves y desde la adolescencia tiene problemas de alcoholismo “como vía de escape”.
El juez ha admitido que ha tenido muchas dudas porque hay razones de peso tanto a favor como en contra para obligar a E a alimentarse. “Es la primera vez que me he planteado la posibilidad real de que un tratamiento para mantener a alguien con vida no es lo mejor que se puede hacer por una persona que, aunque no tiene capacidad [para decidir por sí misma], es completamente consciente de su situación”, reconoce el juez.
“Los factores en uno y otro sentido son, en mi opinión, casi absolutamente equilibrados. Pero, habiéndolos considerado con todo el cuidado de que soy capaz, creo que la balanza se inclina ligeramente pero sin ninguna duda a favor de un tratamiento de conservación de la vida”, concluye.
Y admite que se ha quedado “impresionado por el hecho de que la gente que mejor conoce a E no estaba a favor de un tratamiento”. “Creen que ya ha tenido bastante y que se han de respetar sus deseos. Creen que se le ha de permitir tener una muerte digna”, acepta el juez.
Admite también el magistrado que para los padres de E es una situación “imposible”, y que para ella el tratamiento es “no ya una intrusión en su cuerpo del tipo más íntimo posible, sino una imposición a su voluntad que E vive como algo abusivo”. Acepta que las opiniones de esta mujer “merecen el más absoluto respeto” y que “no es una niña o un adulto muy joven, sino una mujer inteligente y elocuente”.
Pero “solo vivimos una vez: nacemos una vez y morimos una vez, y la diferencia entre la vida y la muerte es la diferencia más grande que conozco”, concluye el juez. Por eso cree que E tiene que ser alimentada, aunque sea a la fuerza. Quizás para que sea ella quien decida, cuando esté en condiciones de hacerlo por sí misma, qué quiere hacer con su vida.
El país
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