Una cumbre de pueblos originarios denuncia los desalojos, la explotación de recursos naturales y la pobreza
Los indígenas de Argentina, que suponen alrededor del 1% de la población de este país de 40 millones de habitantes, quieren que se cumpla con las leyes que los protegen. Unos 400 de ellos organizaron una cumbre nacional de pueblos originarios entre el lunes y el miércoles de esta semana para protestar por los desalojos de sus tierras, la explotación de recursos naturales, la pobreza y el asesinato de 18 de ellos en los últimos cinco años. El encuentro con etnias de toda Argentina se organizó en la ciudad de Formosa (1.200 kilómetros al norte de Buenos Aires) y diez de sus líderes viajarán este jueves a la capital para acampar frente a la Casa Rosada (sede presidencial) hasta que la jefa de Estado, la peronista Cristina Fernández de Kirchner, los reciba.
Perseguidos en tiempos de la conquista española y también después de la independencia de Argentina (1810), los pueblos indígenas de este país han sobrevivido a duras penas, pero en los últimos años se han encontrado con que las tierras en las que vivían se han revalorizado por la bonanza de los precios de las materias primas. En el congreso de Formosa se han quejado del avance de las explotaciones de minería, petróleo, soja transgénica, ganadería intensiva y forestación industrializada porque ocupan sus territorios, usan en forma intensiva las reservas de agua o contaminan el medio ambiente, desde su punto de vista.
En 2006, una ley nacional estableció una moratoria de los desalojos de indígenas de tierras que, según la Constitución de 1994, les pertenecen por su condición de pueblos preexistentes al nacimiento de Argentina. Los desahucios debían congelarse mientras el Gobierno federal organizaba un censo de los territorios considerados ancestrales. Sin embargo, en el congreso de Formosa los aborígenes denunciaron que el Estado gastó el 76% del presupuesto previsto para ese sondeo pero solo contactó al 24% de las comunidades que se extienden en todo su territorio.
En Formosa se congregaron unos 400 representantes de pueblos del norte de Argentina, como kollas, wichíes, qom, mocovíes y pilagás, del oeste, como los huarpes, y de la Patagonia, como los mapuches. Juntos pidieron también que cese el hostigamiento de las policías provinciales y de grupos parapoliciales. Denuncian que 18 indígenas fueron asesinados por su condición étnica en represiones policiales, crímenes cometidos por sicarios de terratenientes, supuestos accidentes automovilísticos y otros ajustes de cuentas que oficialmente han sido presentado como homicidios sin vinculación con la comunidad a la que pertenecían sus víctimas.
Al finalizar el congreso, organizado en una sede eclesiástica en las afueras de Formosa, los participantes marcharon hasta la casa de gobierno provincial. Allí, Félix Díaz, uno de los caciques de los qom, uno de los pueblos más perseguidos, pidió que los recibiera el gobernador de la provincia de Formosa, Gildo Insfrán, un peronista que cuenta con el apoyo de Fernández. No lo consiguió. “Este gobernador nos discrimina por ser indígenas. No somos ni oficialistas ni opositores. Queremos administrar nuestro territorio, se trata de derechos humanos”, se quejó Díaz, integrante del Consejo Plurinacional Indígena. “¡La tierra robada será recuperada!”, cantaban los manifestantes, que también repudiaron al Gobierno de Formosa al grito de “¡asesinos! ¡asesinos!”.
El encuentro indígena recibió el apoyo del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que preside el periodista Horacio Verbitsky; el Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ), que lidera el Nobel Adolfo Pérez Esquivel, y las Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, que son las distanciadas de la asociación que conduce Hebe de Bonafini, entre otras entidades públicas, sociales, eclesiales y sindicales. Pérez Esquivel y Nora Cortiñas, madre de Plaza de Mayo, acompañarán la delegación indígena que viajará de Formosa a Buenos Aires para pedir que los reciba Fernández. En cambio, unas 30 comunidades de las provincias norteñas de Jujuy y Chaco, de pueblos como los avá guaraníes, kollas, qom y mocovíes, aclararon que no todos los integrantes del Consejo Plurinacional Indígena adhirieron al encuentro de Formosa porque, aunque apoyaron sus reclamaciones, advirtieron de que en el congreso se habían entrometido supuestamente organizaciones políticas, sindicales y el principal grupo de medios de comunicación de Argentina, Clarín, que mantiene un duro enfrentamiento con el kirchnerismo.
El congreso indígena también sirvió para escuchar las reclamaciones de los pueblos por la pobreza en la que viven y por la falta de atención del Estado en cuanto a la salud, la educación y el empleo. Varios de los participantes que llegaron desde diversas comunidades de la provincia de Formosa y de otros rincones de Argentina se encontraron con retenes policiales en este distrito en los que los uniformados les pedían documentos o les informaban que el encuentro se había suspendido
El País
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