El controvertido plan del Reino Unido para deportar inmigrantes a Ruanda sigue en marcha, a pesar de la petición de emergencia de las ONG.
Un juez británico rechazó la petición que buscaba bloquear los vuelos de deportación de solicitantes de asilo, que se iniciarán la próxima semana en virtud de un acuerdo con el país del este de África, dictaminando que los políticos deben gestionar la política de inmigración.
Organizaciones benéficas británicas, como Care4Calais y Detention Action, planean apelar.
"Esta sentencia es devastadora para los refugiados. Es una política brutal. Hemos hablado con más de un centenar de refugiados que han recibido estas notificaciones que dicen que van a ser expulsados por la fuerza del país. Se trata de personas que han llegado, que proceden de países devastados por la guerra, que ya están traumatizadas, y esto no hace más que aumentar la agonía y causar más traumas. Es un escándalo absoluto", declaró James Nichol, abogado y administrador de la organización benéfica Care4Calais.
A pesar de las críticas, alojamientos como el Hope Hostel, en Kigali, afirman estar preparados para acoger cómodamente a los inmigrantes, lo que no apacigua a los activistas de derechos humanos.
Según la presidenta del partido de la oposición "Desarrollo y Libertad para Todos", Victoire Ingabire, esta política es digna de "un mundo al revés".
"El Reino Unido critica al gobierno ruandés en el tema de los derechos humanos, pero al mismo tiempo, envían gente al país (Ruanda, ed) que ellos mismos critican que no respeta los derechos humanos", declaró Ingabire.
Euronews
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