Los países latinoamericanos siguen sufriendo abusos en experimentos médicos realizados al margen de la normativa ética. Como consecuencia, aumenta el miedo y la desconfianza hacia la ciencia y las autoridades sanitarias
Entre 1946 y 1948, el Servicio Público de Salud de EEUU estuvo realizando experimentos con enfermedades venéreas en cientos de prisioneros y enfermos mentales guatemaltecos, a los que se infectó deliberadamente sífilis y gonorrea. Al menos 71 de ellos fallecieron durante los experimentos, en los que se vertían bacterias en heridas que se abiertas en brazos, caras y penes de estos conejillos de Indias humanos. En algunos casos, se llegó a inyectar la enfermedad en la columna de la víctima. Más de seis décadas después, el presidente de EEUU, Barack Obama, telefoneó a Álvaro Colom, presidente de Guatemala, para pedirle disculpas.
Este caso se conoció de casualidad, mucho tiempo después, gracias a que la investigadora Susan Reverby se encontró con los archivos de los experimentos en Guatemala mientras buscaba información sobre otra atrocidad, la cometida en Tuskegee (Alabama) en parecidas circunstancias. Sin embargo, los abusos en la investigación de enfermedades sigue estando presente en América Latina. Servirse de personas indefensas en países como Perú, Bolivia o Argentina para experimentar sin todas las precauciones necesarias con fármacos pensados para el mercado occidental ha seguido ocurriendo en los últimos años, hasta entrar en pleno siglo XXI.
Entre 1997 y 1998, la farmacéutica francesa Aventis Pharma se decidió a probar un medicamento para problemas del corazón en el Hospital Naval de Buenos Aires, reclamando a sus médicos que reclutaran pacientes a cambio de dinero. Como resultado directo del estudio del fármaco, que nunca llegó a aprobarse,murieron tres pacientes aunque a lo largo del experimento fallecieron un total de 13 pacientes. La propia compañía terminaría denunciando a los médicos argentinos por falsificar los datos, aunque sabía de antemano que ninguno de los 137 enfermos reclutados habían dado su consentimiento informado.
En 2004, la empresa biotecnológica Ventria probó un arroz modificado genéticamente en 140 niños de entre 5 y 33 meses hospitalizados en dos centros de Perú con diarrea severa. Durante los experimentos, que incumplían la legislación tanto peruana como estadounidense, dos bebés sufrieron graves reacciones alérgicas.
En 2008, se descubrió que un centro clínico con 350 camas de Miami, regido por la compañía SFBC International, había estado probando fármacos en inmigrantes latinoamericanos a los que ni se explicó los verdaderos riesgos de los medicamentos ni se solicitó consentimiento informado. Además, se les impedía retirarse del experimento y los pagos comprometidos a cambio del experimento se retrasaban con argucias para presionar a los participantes a continuar hasta el final.
En el año 2000, la compañía Discovery Labs quiso estudiar las posibilidades de un fármaco contra problemas respiratorios en bebés prematuros. Este ensayo implicaba el uso de un grupo de control de niños bolivianos a los que se administraría placebo, una prueba que jamás hubiera sido aprobada en EEUU, ya que este grupo no recibiría tratamiento y algunos de los niños se exponían a morir. Poco antes de que se pusiera en marcha, la presión de grupos activistas obligó a la compañía a cambiar el diseño de su experimento, ralentizando y encareciendo enormemente su ensayo.
Estos casos son solo algunos de los que tiene conocimiento la investigadora Julie Aultman y que ha recopilado en el estudio Abusos y disculpas: conducta irresponsable en la investigación con humanos en América Latina, en el que denuncia la falta escrúpulos con los que se acude a países especialmente vulnerables a realizar ensayos con personas. El mayor problema que provocan estos abusos es un permanente miedo y desconfianza por parte de la población hacia la ciencia, las autoridades sanitarias y sus tratamientos, ya que muchos terminan asociando las batas blancas con males y no con remedios.
“Todavía se siguen produciendo estos abusos”
“Me temo que todavía hoy en día se siguen produciendo estos abusos en América Latina. No en la medida de los estudios de Guatemala, pero abusos, no obstante. Muchos de ellos se derivan de la falta de conocimiento público de los pasos que implica una investigación ética”, asegura Aultman. “Me imagino que todavía hay casos pasados que no han sido descubiertos. Si no fuera por Susan Reverby, no nos habríamos enterado del daño que se le hizo al pueblo de Guatemala. Futuros hallazgos realizados por historiadores e investigadores en América Latina descubrirán otros abusos en los siglos XIX y XX que violaban las normas éticas de la época”, aventura.
En su trabajo, que publica la revista de la Sociedad Americana de Derecho, Medicina y Ética, señala las razones por las que determinadas compañías acuden a países latinoamericanos a realizar sus trabajos. “Investigadores de todo el mundo reconocen que muchos de los países en desarrollo de América Latina no tienen ni las reglas ni las regulaciones estrictas que se dan en los países de origen de los investigadores y sus instituciones”, asegura Aultman.
Además, en caso de existir esas reglas, la corrupción presente en algunos puntos concretos de la organización médica o gubernamental de estos países abre la puerta a las organizaciones dispuestas a corromper a cambio de abaratar sus experimentos. “América Latina también se ve como El Dorado para la investigación debido a que en comparación con EEUU, Canadá y muchos países de Europa, existe una menor carga financiera para llevarlas a cabo. Los gastos asociados a la contratación y remuneración de personas es significativamente menor dados los bajos ingresos de los países en desarrollo”, explica el estudio.
Por último, pero no menos importante, son las características propias de algunos ciudadanos latinoamericanos las que invitan a determinadas instituciones a fijarse en ellos. Muchos de los 450 millones de latinoamericanos tienen organismos vírgenes de fármacos y no han sido adulterados en su desarrollo con otras drogas que podrían interferir en los resultados de los experimentos con determinados medicamentos. Además, muchos de ellos son especialmente vulnerables al engaño por sus bajos niveles de educación.
Perú aparece identificado como el país más expuesto a este tipo de abusos, siendo el mayor proveedor de conejillos de Indias humanos a pesar de que una buena parte de su población vive sumida en la pobreza. Tan solo en 2008, alrededor de 13.000 peruanos participaron en ensayos clínicos de algún tipo: ninguno de ellos estuvo convenientemente revisado o supervisado por autoridades nacionales o internacionales.
“Si bien podemos descubrir y aprender sobre los últimos abusos en la investigación con seres humanos es a la vez importante estar atentos para proteger a las poblaciones vulnerables, pues se trata de un problema global”, apunta Aultman, quien aporta en su estudio distintos remedios contra estos abusos, empezando por la creación de comités nacionales que revisen los experimentos que se realicen en su territorio.
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