Viernes 28 de octubre de 2011/ Redacción: Fernando Ríos/ Edición: Paolo Menghini/ Visión Siete Internacional/ El gobierno de Sebastián Piñera no consigue encontrar respuestas a la demanda estudiantil luego de cinco meses de conflicto, unas 40 marchas y la realización de dos mesas de diálogo que terminaron en fracaso.
El conflicto por la educación en Chile ha hecho que el país viva las protestas más grandes desde que terminó el régimen militar en 1990. Las imágenes de la policía de Piñera reprimiendo la manifestación estudiantil dieron la vuelta al mundo y pusieron en jaque a su gobierno.
Durante los últimos 150 días los estudiantes, con el respaldo de distintos estamentos sociales y sindicales, han salido una y otra vez a las calles a demandar una educación igualitaria y gratuita y otras tantas fueron reprimidos por las fuerzas policiales.
Eso mismo se vio el miércoles 19 de octubre, cuando las masivas marchas de las 48 horas de protesta concluyeron con incidentes, represión y decenas de detenciones.
El reclamo estudiantil demanda un proceso de reformas que permita garantizar la educación gratuita en todo el país. Chile tiene uno de los sistemas educativos más onerosos del mundo.
En ese marco, el reciente anuncio de Piñera sobre un incremento del 7,2 por ciento en el presupuesto educativo del próximo año, no conformó a los estudiantes que lo siguen considerando insuficiente.
La demora en encontrar una salida a la crisis tiene como correlato la significativa pérdida de días de clase que ya sufrieron los estudiantes. Concluido el primer semestre del 2011, las universidades y muchos alumnos han perdido un importante promedio de clases.
La situación para algunos sectores estudiantiles sigue siendo preocupante. Sobre todo porque la falta de asistencia al aula podría significar la pérdida de becas de ayuda económica.
Por ello, el Consejo de Rectores ha solicitado al Ministerio de Educación de Chile que flexibilice los plazos de asistencia en este año lectivo.
Nada indica hasta ahora que la situación alcance una pronta mejora a las puertas de un nuevo semestre. De hecho, la Confederación de Estudiantes de Chile aprobó con una votación mayoritaria la continuidad de las protestas. Si la crisis prosigue, muchos alumnos podrían perder el año, ya que la legislación chilena exige al menos 16 semanas de clases para avalar un semestre académico. Algo con lo que especula el gobierno, que espera mantener su intransigencia para trasladarle la presión a los estudiantes.
Esta delicada situación no se circunscribe sólo al ámbito universitario, ya que unos 50 mil alumnos secundarios participan del reclamo y comparten similares escollos.
El gobierno sigue considerando que las movilizaciones son ilegales y puso a consideración de la Federación de Estudiantes un proyecto de “Gran Acuerdo Nacional por la Educación”, cuyo marketing incluye las siglas “GANE”.
Allí se convoca a los estudiantes a iniciar conversaciones para plantear reformas en el sistema educativo y propone la creación de un fondo para la educación de cuatro mil millones de dólares.
También plantea un aumento en el número de becas, reducción de las tasas de interés para los créditos con que se pagan los estudios y la invitación a “debatir” sobre la opción de distinguir entre universidades con y sin fines de lucro.
Los estudiantes exigen en cambio que el gobierno se haga cargo del sistema de escuelas públicas, a las que acude el 90 por ciento de los 3.5 millones de estudiantes del país.
Para devolver la pelota al campo de Piñera, las organizaciones estudiantiles y sus apoyos docentes y sindicales entregaron al gobierno los resultados de un plebiscito nacional realizado el 7 y 8 de octubre últimos, donde más del 90 por ciento del electorado rechazó la educación de mercado.
Los representantes estudiantiles siguen considerando las últimas propuestas del gobierno como “más de lo mismo pero con unos pesos más”. Por eso, la propuesta de 12 puntos que los estudiantes entregaron al gobierno supera ampliamente la iniciativa oficial.
Entre sus peticiones destaca la eliminación de la banca privada en el sistema de créditos para financiar la educación superior, el fin de la obtención de utilidades por parte de las universidades privadas, lo que está prohibido por ley pero es burlado a través de distintos manejos- y una calidad garantizada en la educación pública.
Acuerdo o represión, parecen por estos días las únicas opciones que se manejan en el complicado tablero de la política educativa chilena. © Noticiero Visión Siete/ TV Pública/ Argentina
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