Las ONG alertan sobre el nuevo código de conducta obligatorio de Italia para las operaciones de búsqueda y rescate en el Mediterráneo Central, y han advertido de que la ley es incompatible con el derecho internacional y pondrá en un peligro innecesario a personas vulnerables.
El Consejo de Europa, organización de derechos humanos con sede en Estrasburgo y ajena a la Unión Europea, ha planteado preocupaciones similares y exige la retirada del texto a menos que se introduzcan cambios.
Entre sus disposiciones, el código italiano obliga a los buques a desembarcar sin demora en cuanto finalice la primera operación de rescate, incluso si la ONG detecta otros migrantes perdidos en el mar y tiene capacidad para salvarlos.
También se pide a los barcos que naveguen directamente al puerto de seguridad designado, independientemente de su ubicación, y eviten el traspaso de migrantes a embarcaciones más grandes, un proceso que ayuda a aliviar la carga de las embarcaciones de pequeño tamaño.
"Para nosotros es una vergüenza, porque es un código unilateral", ha explicado a Euronews Till Rummenhohl, jefe de operaciones de SOS Humanidad. "Cuando rescatamos un barco, a menudo ya oímos de los supervivientes que ha habido más naufragios, que hay más gente desaparecida en el mar. Así que, para nosotros, es difícil retirarnos del lugar, sobre todo porque tendríamos capacidad para rescatar a más personas", ha lamentado.
En los últimos meses, las autoridades italianas han designado puertos seguros en el centro y el norte de Italia en lugar de en la cercana región meridional, lo que obliga a los barcos a emprender viajes más largos y caros.
"Navegar tan al norte, cuando hay muchos otros puertos adecuados para desembarcar que están mucho más cerca, no es razonable desde el punto de vista del derecho marítimo", ha explicado a Euronews Nicola Stalla, subdirector de operaciones de SOS Mediterranée. "El consumo de combustible para llegar a estos puertos lejanos tiene un impacto significativo en los fondos, que de otro modo estarían disponibles para llevar a cabo más operaciones".
El nuevo código está consagrado en un decreto emitido por el gobierno de derechas de la primera ministra italiana Giorgia Meloni que entró en vigor a principios de enero. Las normas son obligatorias y prevén multas administrativas de hasta 50.000 euros en caso de reincidencia, que pueden llevar al embargo del propio buque.
Roma argumenta que el código es necesario para establecer una distinción entre operaciones de rescate "ocasionales" y "sistemáticas", y reprimir el cruce irregular de fronteras después de que el año pasado se registraran más de 102.000 episodios en la ruta del Mediterráneo Central. "Un naufragio y un rescate son sucesos ocasionales. La búsqueda sistemática, que fomenta las salidas, es diferente", ha declarado el ministro del Interior, Matteo Piantedosi.
"La presencia de las ONG ha conseguido que lanchas neumáticas, no barcos bien estructurados, realicen salidas. Este es el fenómeno que hemos registrado", ha asegurado el político.
Pero las organizaciones de la sociedad civil rebaten estas afirmaciones y creen que sus operaciones de búsqueda y rescate, regulares o intermitentes, son vitales para salvar vidas en el mar y llenar el vacío dejado por los gobiernos. También se oponen a lo que consideran una extralimitación legislativa incompatible con las convenciones establecidas desde hace tiempo.
Sea-Eye afirma que el código de conducta es "probablemente ilegal" porque Roma intenta regular las acciones de buques de propiedad extranjera que se desarrollan más allá de los mares territoriales italianos, que según el derecho internacional están fijados a 12 millas náuticas de la línea de base del país.
"Italia no puede dictar cómo deben llevarse a cabo las operaciones de rescate en aguas internacionales, ya que esto es competencia del Estado de abanderamiento", ha afirmado Sea-Eye en un comunicado.
"Algo realmente inhumano"
El código también obliga a los trabajadores de las ONG a proporcionar información sobre cómo solicitar protección internacional y a empezar a recopilar datos personales de posibles solicitantes de asilo, que luego se supone que deben transmitirse a las autoridades italianas.
Organizaciones como Sea-Eye, Médicos Sin Fronteras (MSF), SOS Humanity y SOS Mediterranée advierten de que esta disposición traslada la responsabilidad de los funcionarios del Estado a los empleados privados. "Este tipo de actividad es una actividad específica para la que existen autoridades específicas, organismos encargados, que normalmente llevan a cabo estas sesiones informativas en tierra firme. Así que, en principio, un buque en alta mar no está obligado a tener personal competente para impartir este tipo de sesiones informativas (sobre asilo)", ha explicado Nicola Stalla.
"Hay que tomar nota de las personas que manifiesten interés en querer solicitar asilo y proporcionar a las autoridades estos datos, lo que de nuevo es algo que parece ser el inicio del proceso de examen de la solicitud (de asilo) mientras las personas aún están en el mar."
Till Rummenhohl, de SOS Humanidad, ha afirmado que interrogar a personas "muy vulnerables y muy confusas" sobre su futuro excede el mandato de los buques de rescate. "Tener este proceso a bordo es, en nuestra opinión, algo realmente inhumano", ha asegurado Rummenhohl.
Mientras el decreto se abre paso en el Parlamento italiano, el Consejo de Europa ha entrado en liza y ha pedido enmiendas para ajustar el texto a las obligaciones internacionales de Italia. En una carta dirigida a Matteo Piantedosi, Dunja Mijatović, Comisaria de Derechos Humanos del Consejo, ha criticado abiertamente la "vaguedad" del código y la obligación de desembarco inmediato.
"Esto prolonga el sufrimiento de las personas salvadas en el mar y retrasa indebidamente la prestación de asistencia adecuada para satisfacer sus necesidades básicas. Expone innecesariamente a las personas a bordo a los peligros potenciales de las condiciones meteorológicas adversas", ha escrito Mijatović.
"La prolongación de la estancia a bordo tiende a provocar un rápido deterioro de la situación sanitaria de todos los implicados y corre el riesgo de agravar el estado de las personas vulnerables a bordo."
El Ministro del Interior italiano no ha respondido a las preguntas de Euronews.
Preguntada por la carta, la Comisión Europea, que ha dicho en repetidas ocasiones que todos los Estados miembros de la UE tienen la responsabilidad de salvar vidas en el mar, se ha negado a entrar en el debate.
"Hemos visto el dictamen, pero no estamos en condiciones de hacer comentarios ahora", ha dicho este lunes un portavoz de la Comisión. "Nuestro diálogo con las autoridades italianas continúa".
Euronews
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