Internet ha tenido una lenta expansión en Cuba. Hace una década su uso libre solo estaba reservado para empresas, instituciones e intelectuales y solo hasta 2018 la red móvil llegó a la isla. Desde entonces ha habido un incremento en la actividad en línea, pero de manera paralela, también ha aumentado el control sobre lo que los ciudadanos pueden hacer allí.
Según denuncias, los cortes del Internet y la suspensión selectiva del servicio telefónico a activistas y opositores son cada vez más frecuentes en el país. Sobre todo cuando esta tecnología se usa para disentir. Ejemplo de ello fue el apagón digital que se produjo después de las masivas protestas antigubernamentales del 11 de julio, las más grandes desde 1994, y que lograron organizarse a través de las redes sociales.
¿Lucha contra el ciberterrorismo o censura?
Se trata del Decreto Ley 35 que fue dado a conocer un mes después de las protestas. Este establece el marco regulatorio de las telecomunicaciones en Cuba, pero dentro contiene una serie de polémicos puntos.
Por ejemplo, se considera como una acción altamente peligrosa la "divulgación de noticias falsas, mensajes ofensivos, y difamación con impacto en el prestigio del país". Expertos señalan que la ambigua definición de estos términos le da pie al Gobierno para aplicar la ley de manera selectiva, castigando cualquier comentario que no sea de su agrado.
También se le atribuye un alto nivel de peligrosidad a la "difusión de contenidos (...) que atentan contra los preceptos constitucionales, sociales y económicos del Estado, inciten a movilizaciones u otros actos que alteren el orden público". En resumen, estaría limitando el derecho de los ciudadanos a convocar manifestaciones
En conjunto con estas normas, el artículo 69 de esta ley le da el permiso a los operadores y proveedores de Internet, en este caso a la empresa estatal Etecsa, que es la única que opera allí, de interrumpir el servicio si llega a presentarse alguno de estos casos.
El Gobierno cubano culpa al embargo estadounidense de la falta de acceso libre a internet. Para el presidente Miguel Díaz-Canel las campañas que se mueven en redes sociales contra su Gobierno no son más que "terrorismo mediático" y según dice, el Decreto Ley 35 está destinado a combatirlo.
Pero los internautas y organizaciones defensoras de derechos humanos califican esta normativa como una "ley mordaza" que busca acallar las voces críticas y denuncian que esta no es más que la legalización de medidas que ya se venían tomando en la isla.
"No es con el Decreto (Ley) 35 que se va a limitar la expresión de los cubanos en las redes sociales. Eso estaba pasando desde el mismo inicio en que las redes sociales llegaron a la población de Cuba", dijo a France 24 el activista cubano Jorge Castro.
Para el opositor, "el Decreto (Ley) 35 no es el inicio de la censura, es la oficialización de la censura. Y obviamente, las personas que se expresan en Cuba en las redes sociales, tiene un sinnúmero de consecuencias (…) Los pueden expulsar de las universidades, de los centros laborales, sufren acoso. Lo hemos visto con los influencers cubanos dentro de la isla. Muchos fueron interrogados, muchos fueron acosados, muchos fueron llamados por la Seguridad del Estado. E incluso, algunos de ellos, han sido silenciados".
#NoAlDecretoLey35 #SOSCubaLas leyes contra las 'fake news' en América Latina
Pero Cuba no es el único país con este tipo de legislaciones destinadas a combatir las noticias falsas que terminaron siendo criticadas por la ambigüedad de sus conceptos.
En América Latina y el Caribe, su vecino Puerto Rico aprobó el año pasado una ley que criminaliza el compartir información que el Gobierno considere falsa, ya sea través de cualquier red social o medio de comunicación masivo, y que tenga la intención de "crear confusión, pánico o histeria colectiva". La ley fue aprobada en medio de los reportes sobre la crisis sanitaria provocada por el Covid-19, y preocupa que no pueda informarse libremente acerca de la pandemia.
El mismo año Nicaragua aprobó la llamada "Ley Especial de Ciberdelitos" que castiga la propagación de lo que se considere como "noticias falsas y/o tergiversadas, y que fomenten alarma temor y zozobra" entre las personas. Esto afecta tanto a medios de comunicación críticos con el Gobierno como a ciudadanos que usan sus redes sociales para hacer denuncias.
Mientras que en Venezuela se elaboró en 2017 la llamada "Ley Contra el Odio". La legislación establece sanciones de hasta 20 años de privación de la libertad para quienes inciten el odio o la violencia en radio, televisión y redes sociales. Pero no hay claridad sobre la definición de "odio", por lo que podría dársele una amplia y conveniente interpretación.
Con el objetivo de sortear este tipo de restricciones en la isla Estados Unidos trabaja buscando formas de proveer Internet a los cubanos.
Se habla de globos wifi como los que se usaron hace cuatro años en Puerto Rico tras la devastación provocada por el huracán María o a través de satélites y puntos de acceso en alta mar, pero aún existen dudas sobre su implementación.
France 24
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