EL último barómetro del CIS acerca de la percepción social sobre los mayores en España refleja tanto la lógica evolución que han sufrido las consideraciones sobre la vejez en un país con uno de los índices de esperanza de vida más elevados del mundo, como las contradicciones existentes entre las responsabilidades familiares que se cree preciso asumir y las que se acaban ejerciendo realmente. Sólo una quinta parte de los encuestados supera los 65 años, de lo que se infiere que la mayoría de las opiniones proyectan las sensaciones de quienes aún no han llegado a ese período de su existencia. De sus respuestas se desprende que la vejez se identifica ya con un momento tardío -los 70 años-, aunque el elemento decisivo para esa calificación no es tanto la edad como el deterioro en la salud. Un resultado que es congruente con un modelo de desarrollo social avanzado, en el que el temor a una muerte temprana se ha sustituido por el miedo a la enfermedad y en el que se relaciona la longevidad con la posibilidad de disfrutar de unas óptimas condiciones de vida.
De ahí que la entrada en la vejez se contemple como una ocasión para poder conducirse con satisfactoria libertad, pero también con una sensación de incertidumbre, tristeza o melancolía, especialmente ante la eventualidad se padecer alguna dependencia. Resulta significativo que el 75% de los ciudadanos asegure que compete a los hijos atender los problemas de sus mayores y que más de la mitad vincule el bienestar de éstos con su capacidad para mantenerse activos, antes que con la disponibilidad de unos adecuados servicios sociales y sanitarios. Las cifras revelan un compromiso afectivo que se ve matizado, no obstante, por la admisión de que la vejez no recibe el tratamiento apropiado y de que las ocupaciones compartidas se limitan en muchos casos a conversar o dar paseos. Pero las estadísticas también demuestran que la atención a los mayores sigue concibiéndose más como una responsabilidad familiar que como un reto colectivo, a pesar de la entrada en vigor de la Ley de Dependencia y el arropamiento que ésta puede prestar a unos cuidadores cada vez más longevos. La previsión de la UE de que España será uno de los estados en los que menos crecerá el gasto público destinado a la atención de larga duración constituye una advertencia sobre la limitación de los recursos disponibles para responder a las demandas de una sociedad que podría ver duplicados los mayores de 65 años antes de 2050.
El Sur de España
De ahí que la entrada en la vejez se contemple como una ocasión para poder conducirse con satisfactoria libertad, pero también con una sensación de incertidumbre, tristeza o melancolía, especialmente ante la eventualidad se padecer alguna dependencia. Resulta significativo que el 75% de los ciudadanos asegure que compete a los hijos atender los problemas de sus mayores y que más de la mitad vincule el bienestar de éstos con su capacidad para mantenerse activos, antes que con la disponibilidad de unos adecuados servicios sociales y sanitarios. Las cifras revelan un compromiso afectivo que se ve matizado, no obstante, por la admisión de que la vejez no recibe el tratamiento apropiado y de que las ocupaciones compartidas se limitan en muchos casos a conversar o dar paseos. Pero las estadísticas también demuestran que la atención a los mayores sigue concibiéndose más como una responsabilidad familiar que como un reto colectivo, a pesar de la entrada en vigor de la Ley de Dependencia y el arropamiento que ésta puede prestar a unos cuidadores cada vez más longevos. La previsión de la UE de que España será uno de los estados en los que menos crecerá el gasto público destinado a la atención de larga duración constituye una advertencia sobre la limitación de los recursos disponibles para responder a las demandas de una sociedad que podría ver duplicados los mayores de 65 años antes de 2050.
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