(ORBE) VALPARAISO-. Luego que se declarara inadmisible un proyecto de ley que crea una AFP estatal, los senadores Carlos Bianchi, José Antonio Gómez, Carlos Ominami y Guillermo Vásquez optaron por ingresar a trámite una enmienda a la Constitución para la creación de la Administradora de Fondo de Pensiones del Estado.
En lo fundamental, la iniciativa legislativa incorpora a la Carta Fundamental una disposición que autoriza la creación de la AFP estatal de carácter social, la que estará dotada de personalidad jurídica y patrimonio propio, el que sería aportado en un 99 por ciento por la Corporación de Fomento de la Producción y en sólo un 1 por ciento directamente por el Fisco.
Asimismo, la AFP del Estado tendrá por objeto la administración, "con un criterio social", de los fondos de capitalización individual de los particulares que, voluntariamente se afilien a ella, como asimismo, de los fondos públicos destinados al otorgamiento de pensiones mínimas de vejez para quienes no cumplan con los requisitos establecidos en el Decreto Ley N° 3.500.
Según los legisladores, la dictación de una ley que autorice la creación de una empresa del Estado destinada al giro de AFP, "es trascendental para la generación de igualdad de nuestro país, porque las actuales Administradoras desarrollan su actividad en condiciones poco competitivas, con un mercado concentrado y, aparentemente, con falta de real competencia".
Asimismo agregaron que, uno de los vicios principales que detecta el sistema, es que sus usuarios se ven imposibilitados para optar por un producto distinto entre aquellos existentes en el mercado, que efectivamente les aseguren una vejez digna.
"Se trata de un mercado cautivo, bastante inmóvil e imperturbable a los resultados cambiantes de los fondos administrados por las AFP, entre otras razones, porque los afiliados carecen de la capacidad predictiva para, con ciertos elementos de certeza, avizorar lo que podría ocurrir en el ejercicio de la inversión de su dineros", aseguraron los parlamentarios.
Finalmente, "debemos considerar las necesidades y preferencias de todos nuestros habitantes. Resulta evidente, por ejemplo, que entre los funcionarios públicos existe un gran porcentaje que preferirían que sus fondos previsionales fueran administrados por una entidad pública, dados los costos inferiores de administración y la garantía que significa el respaldo del Fisco en la gestión del giro", puntualizaron.
Chile.com
En lo fundamental, la iniciativa legislativa incorpora a la Carta Fundamental una disposición que autoriza la creación de la AFP estatal de carácter social, la que estará dotada de personalidad jurídica y patrimonio propio, el que sería aportado en un 99 por ciento por la Corporación de Fomento de la Producción y en sólo un 1 por ciento directamente por el Fisco.
Asimismo, la AFP del Estado tendrá por objeto la administración, "con un criterio social", de los fondos de capitalización individual de los particulares que, voluntariamente se afilien a ella, como asimismo, de los fondos públicos destinados al otorgamiento de pensiones mínimas de vejez para quienes no cumplan con los requisitos establecidos en el Decreto Ley N° 3.500.
Según los legisladores, la dictación de una ley que autorice la creación de una empresa del Estado destinada al giro de AFP, "es trascendental para la generación de igualdad de nuestro país, porque las actuales Administradoras desarrollan su actividad en condiciones poco competitivas, con un mercado concentrado y, aparentemente, con falta de real competencia".
Asimismo agregaron que, uno de los vicios principales que detecta el sistema, es que sus usuarios se ven imposibilitados para optar por un producto distinto entre aquellos existentes en el mercado, que efectivamente les aseguren una vejez digna.
"Se trata de un mercado cautivo, bastante inmóvil e imperturbable a los resultados cambiantes de los fondos administrados por las AFP, entre otras razones, porque los afiliados carecen de la capacidad predictiva para, con ciertos elementos de certeza, avizorar lo que podría ocurrir en el ejercicio de la inversión de su dineros", aseguraron los parlamentarios.
Finalmente, "debemos considerar las necesidades y preferencias de todos nuestros habitantes. Resulta evidente, por ejemplo, que entre los funcionarios públicos existe un gran porcentaje que preferirían que sus fondos previsionales fueran administrados por una entidad pública, dados los costos inferiores de administración y la garantía que significa el respaldo del Fisco en la gestión del giro", puntualizaron.
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