La abogada Cristina Álvarez Baquerizo lleva más de 30 años defendiendo la naturaleza en los tribunales, muchas veces sin cobrar o a cambio de quesos, como en el caso del pueblo vasco de Muskiz, donde acaba de frenar la ampliación de una de las mayores refinerías de petróleo de Europa
La abogada Cristina Álvarez Baquerizo va a comer mucho queso. Y del bueno. Un juez de Bilbao acaba de anular las licencias municipalesconcedidas a la petrolera Repsol para ampliar uno de los gigantes industriales de España: la refinería de crudo de Muskiz (Vizcaya), una de las mayores de Europa. Es una máquina de refinar crudo, con una capacidad de 11 millones de toneladas de petróleo al año, pero Repsol tiene un problema: es el “caso favorito” de Álvarez Baquerizo, la abogada ambientalista más experimentada de España. Y los vecinos de Muskiz que se oponen a la refinería, agrupados en la Coordinadora Ecologista de la Cuenca Minera, le pagan en quesos de oveja. “Uno cada tres meses”, según explica esta mujer de hablar tranquilo, de familia vasca pero nacida en Madrid en 1956.
“Yo sé que algún día cerraremos esta refinería. Queda mucho tiempo, por lo menos 20 años, pero todavía tendré 77 años y estaré bien para la fiesta por el cierre”, clama esta abogada, que tiene siete juicios abiertos contra la instalación. Álvarez Baquerizo no va de farol. En los tribunales se ha enfrentado a aristócratas, banqueros, alcaldes caciquiles, ministerios. Y en todos estos casos ha salido victoriosa. En una de sus mayores victorias,trabajando para la organización SEO/Birdlife, consiguió que el Tribunal Supremo ordenara borrar 20 kilómetros de autovía promovidos por la actual secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal. La carretera, la M-501, se ubica en una zona de encinares y pinares del oeste de la Comunidad de Madrid y De Cospedal, entonces responsable de Transportes de la comunidad, ordenó desdoblarla, pese a que atravesaba el hábitat de especies en peligro de extinción, como el buitre negro, el águila imperial ibérica y la cigüeña negra.
“Lo primero que le encargó [la presidenta de la Comunidad de Madrid] Esperanza Aguirre a Cospedal es que trazara esta carretera para llegar a las urbanizaciones que iban a construir en Ávila. Lo iban a llenar todo de adosados”, recuerda la abogada. El Gobierno conservador se saltó la Declaración de Impacto Ambiental y el trámite de consulta previa a la Comisión Europea, preceptivo porque la autovía surcaba un espacio protegido por la UE. En octubre de 2005, tras presentar el proyecto, de 75 millones de euros, Esperanza Aguirre exclamaba: “¿Qué son más importantes, las personas o los pajaritos?”. El Supremo, gracias al movimiento ecologista y a la pelea judicial de Álvarez Baquerizo y de su colega Jaime Doreste, respondió que los pajaritos. En febrero de 2011 ordenó la “restitución a su estado anterior de la zona afectada por el proyecto”: borrar la autovía.
Borrar una refinería
Ahora la abogada quiere borrar la refinería, acusada por los médicos de la zona de causar multitud de problemas respiratorios a los 7.000 habitantes de Muskiz. “Es una refinería que lleva desde 1968, cuando [el dictador Francisco] Franco iba por España diciendo hágase una refinería. Está implantada en pleno casco urbano de una población costera. La gente no se lo cree hasta que llega a Muskiz. Es como un pueblo de la antigua Polonia o de Checoslovaquia, pero esto ya no existe ni en los países del Este”, lamenta.
Donde otros pueblos tienen un viejo convento, Muskiz tiene una mastodóntica refinería de petróleo. La empresa que la gestiona, Petronor, propiedad al 86% de Repsol, presume incluso de “la presencia del Castillo de Muñatones en mitad de las instalaciones de Petronor”. Es una fortaleza construida en el año 1339, absorbida ahora por la refinería.
“Si aplicas la legislación actual, jamás se hubiera podido construir la refinería. Pero lejos de cortarse un poco y vigilarla de cerca, las autoridades permitieron en 2008 su ampliación. Las casas de los vecinos lindan con las tapias de la refinería. Es un tema de salud pública y además está encima de unas marismas que harían mucha falta a las aves”, explica Álvarez Baquerizo. La instalación, además, ocupa el dominio público marítimo terrestre. “El asunto es que se la lleven un poquito más lejos”, sentencia.
Repsol — “los malos” en este caso, según la abogada— es un enemigo poderoso, pero la jurista tiene mucho callo. Lleva más de 30 años, desde 1982, defendiendo la naturaleza en los tribunales. Ayudó a fundar la Red de Abogados para la Defensa Ambiental, una organización de 40 miembros que hace honor a su nombre y “no se adhiere a ningún partido político concreto, ni tiene intención de dejarse influenciar por ninguna opción política”, según consta en su web. En este tiempo, Álvarez Baquerizo ha trabajado para organizaciones ecologistas como Greenpeace, WWF y SEO/Birdlife. Su cabeza está llena de anécdotas.
Aristócratas y terratenientes
“En cuanto empiezas a trabajar con aves, te encuentras con aristócratas y terratenientes”, explica. La única vez que la abogada tuvo un trabajo con nómina fue en WWF, que entonces se llamaba Adena, entre 1990 y 1992. “Mi contrato se acabó por una demanda que tuve que interponer contra un coto de caza que resultó ser propiedad del hermano de Emilio Botín, Jaime Botín-Sanz de Sautuola, que entonces era presidente de Bankinter. Este hombre estaba financiando a Adena fortísimamente, pero yo tenía instrucciones de defender el águila imperial y de interponer acciones judiciales contra sus amenazas. Y justamente en un coto de caza de Jaime Botín desapareció un águila, llamada, no me olvidaré en la vida, Tafrina, marcada con un radiotransmisor. Los restos de Tafrinaaparecieron quemaditos en una hoguera, con las garritas y el radiotransmisor enterrados. Le montamos un número, le cerraron el coto de caza y a mí me despidieron inmediatamente”, rememora. Ocurrió en 1992, cuando la secretaria general de Adena eraCristina García Orcoyen, que luego fue diputada del PP en el Parlamento Europeo. “Con WWF ahora me llevo bien”, matiza la abogada.
Un año después, Álvarez Baquerizo vivió en primera persona el histórico caso de las marismas de Santoña, el primero en el que España recibió una condena medioambiental en el Tribunal de Justicia de la UE. Este paraíso natural, situado en Cantabria, era y es un lugar de invernada y descanso para numerosas especies de aves, en su periplo migratorio desde Europa hasta África. Algunas, como la espátula blanca, estaban en peligro de extinción. “Sin embargo, había dos proyectos de carretera, un proyecto de salinas, un proyecto de polígono industrial, un proyecto de urbanización y, si no recuerdo mal, hasta un cementerio”, detalla la letrada. SEO/Birdlife consiguió que el Tribunal de Justicia de la UE abroncara a España por despreciar su patrimonio natural. “Fue una sentencia preciosa, como una pieza de artesanía”.
Después llegaron más victorias ecologistas. Álvarez Baquerizo recuerda con especial cariño sus casos contra campos de tiro y campos de golf. “El campo de tiro de Navacerrada estaba abierto sin evaluación de impacto ambiental, en una zona de la Red Natura 2000 [un blindaje europeo para asegurar la supervivencia de los hábitats más amenazados de la UE] y sin recogida de residuos, por lo que toneladas de plomo procedentes de los casquillos acababan en el embalse de Navacerrada, que sirve para suministrar agua potable”, recuerda. La abogada también consiguió parar dos veces en tribunales la construcción de un enorme campo de golf en Tres Cantos, un municipio madrileño en el que el Ayuntamiento, controlado por el PP, estaba empeñado en organizar el torneo de golf más internacional, la Ryder Cup.
Sin cobrar
Álvarez Baquerizo ha llevado todos estos casos de manera voluntaria o bajando sus tarifas hasta el subsuelo. “Las ONG no pueden pagar lo que necesitas para pagar las facturas: mutua, colegiación, despacho abierto en la ciudad”, explica la jurista, que en estos momentos se gana la vida con la negociación de convenios internacionales relacionados con el medio ambiente. También ha trabajado durante 10 años para la Comisión Europea y el Europarlamento, vigilando cómo se cumplían las directivas comunitarias en España.
“Ahora mismo estoy muy sorprendida porque el Ministerio [de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente] me ha vuelto a contratar para auxiliarles en una negociación sobre bosques. A este Gobierno me enfrento diariamente, cada vez que tengo ocasión, no solamente en los tribunales sino también en columnas de opinión, en blogs, en foros. Pero van y me contratan. Bien. Se supone que consideran que técnicamente soy útil”, reflexiona.
Álvarez Baquerizo también ha dedicado mucho tiempo a lo largo de su vida a la construcción de las leyes: la investigación jurídica, un campo que suele pasar desapercibido para la opinión pública. En la actualidad, junto al equipo delLaboratorio de Bioacústica Aplicada de la Universidad Politécnica de Cataluña, la abogada trata de regular la contaminación subacuática sonora, el ruido en el fondo del océano. “Ahora el mar es el emplazamiento ideal para instalaciones eólicas, cableados, prospecciones petrolíferas, maniobras militares, pero todo esto es un problema para los cetáceos”, señala. Y concluye con una frase que sorprende en una abogada que nunca se ha callado ante los ataques a la naturaleza: “Ojalá hubiera un movimiento internacional en favor del silencio”.
“Es sorprendente cómo algunos países de América Latina nos llevan la delantera en derecho ambiental”
La letrada Cristina Álvarez Baquerizo ha trabajado en la creación de talleres de juristas en América Latina, para formar a abogados en la defensa del medio ambiente. “Es sorprendente, pero en países como Costa Rica, Ecuador y Argentina es impresionante cómo nos llevan la delantera en derecho ambiental”, sostiene. A su juicio, estos países poseen “sistemas jurídicos mucho más completos, entre otras cosas porque el derecho al medio ambiente suele ser un derecho constitucional, cosa que en España no ocurre”. Para Álvarez Baquerizo, esta situación española es un obstáculo brutal. “Es un freno grandísimo, nosotros no podemos llegar al Tribunal Constitucional, no podemos interponer un recurso de amparo, porque para nuestra Constitución el artículo 45, el del medio ambiente, no es un derecho fundamental, es un principio rector de la política económica y social, y eso te limita muchísimo las posibilidades”.
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