Latinoamérica se embarcó en un conjunto de reformas de sus sistemas previsionales desde la década de los ochenta bajo el liderazgo de Chile, mediante el establecimiento de un cambio estructural en sus sistemas al establecer esquemas de capitalización individual bajo administración privada.
El resto de la región -así como varios países emergentes en el resto del orbe- continuaron esta senda, lo cual permitió superar rápidamente el colapso de sistemas de pensiones, que esencialmente eran manejados por el Estado bajo típicos mecanismos de reparto -conocidos como Payg, por sus siglas en inglés-.
Los logros alcanzados por las reformas implantadas son innegables desde varios puntos de vista: se permitió darle viabilidad fiscal y financiera a los esquemas previsionales; se reactivó el ahorro para la vejez de las personas bajo un esquema más transparente, al mismo tiempo que se instauraba el principio de derecho de propiedad; se establecieron mecanismos adecuados para la participación en los mercados de capitales que permitieran mejorar las rentabilidades de los fondos; y finalmente, la literatura destaca unánimemente el impacto sobre el crecimiento económico y el ahorro nacional.
No obstante lo anterior, se continuaban encontrando serias falencias a los sistemas instaurados, tales como: insuficiente penetración (o cobertura); pensiones bajas o inexistente en determinados colectivos de la población (en particular los grupos socialmente más vulnerables); reparos respecto al funcionamiento de la industria; falta de incentivos para incrementar el ahorro voluntario; poca eficacia en el funcionamiento de los seguros de invalidez y sobrevivencia, entre otros.
A partir de lo anterior un nuevo movimiento reformador ha venido tomando cuerpo en Latinoamérica, lo que ha llevado a innumerables discusiones en foros académicos, políticos y grupos de interés.
Así, varios países han abierto el debate para realizar ajustes a sus sistemas previsionales, siendo Chile, nuevamente, quien se encuentra liderando los cambios en la región, llevados de la mano del Gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, quien a partir de una comisión encabezada por Mario Marcel, decide establecer el diagnóstico y la elaboración de propuestas que tras amplias discusiones en todos los niveles, alcanzó la aprobación de una nueva ley que seguramente marcará el derrotero de futuras legislaciones de países vecinos.
Ver más antecedentes aquí
El resto de la región -así como varios países emergentes en el resto del orbe- continuaron esta senda, lo cual permitió superar rápidamente el colapso de sistemas de pensiones, que esencialmente eran manejados por el Estado bajo típicos mecanismos de reparto -conocidos como Payg, por sus siglas en inglés-.
Los logros alcanzados por las reformas implantadas son innegables desde varios puntos de vista: se permitió darle viabilidad fiscal y financiera a los esquemas previsionales; se reactivó el ahorro para la vejez de las personas bajo un esquema más transparente, al mismo tiempo que se instauraba el principio de derecho de propiedad; se establecieron mecanismos adecuados para la participación en los mercados de capitales que permitieran mejorar las rentabilidades de los fondos; y finalmente, la literatura destaca unánimemente el impacto sobre el crecimiento económico y el ahorro nacional.
No obstante lo anterior, se continuaban encontrando serias falencias a los sistemas instaurados, tales como: insuficiente penetración (o cobertura); pensiones bajas o inexistente en determinados colectivos de la población (en particular los grupos socialmente más vulnerables); reparos respecto al funcionamiento de la industria; falta de incentivos para incrementar el ahorro voluntario; poca eficacia en el funcionamiento de los seguros de invalidez y sobrevivencia, entre otros.
A partir de lo anterior un nuevo movimiento reformador ha venido tomando cuerpo en Latinoamérica, lo que ha llevado a innumerables discusiones en foros académicos, políticos y grupos de interés.
Así, varios países han abierto el debate para realizar ajustes a sus sistemas previsionales, siendo Chile, nuevamente, quien se encuentra liderando los cambios en la región, llevados de la mano del Gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, quien a partir de una comisión encabezada por Mario Marcel, decide establecer el diagnóstico y la elaboración de propuestas que tras amplias discusiones en todos los niveles, alcanzó la aprobación de una nueva ley que seguramente marcará el derrotero de futuras legislaciones de países vecinos.
Ver más antecedentes aquí
Comments