En la actualidad en España hay 7.332.267 personas mayores de 65 años que representan un 16,6% de su población total; mientras que cuando nos referimos a Galicia, el 21,12% de sus habitantes tienen más de 65 años; es decir, una de cada cinco personas.
Pero así como el envejecimiento de la población es un hecho positivo, en donde además se ha constatado un incremento de la calidad de vida a esas edades, que duda tiene que el llegar a edades avanzadas generará en un porcentaje importante de población discapacidad (32%) en diferentes grados, y dependencia, generalmente en relación con las denominadas enfermedades edad-dependientes de evolución crónica como las demencias (7%-10% de las personas mayores de 65 años) o los accidentes cerebrovasculares (2400 casos/100.000 hab. año).
En España, según datos oficiales (Libro Blanco de la Dependencia) se calcula que hay más de 1.125.000 personas en situación de dependencia; mientras que datos de prevalencia extrapolados a la población gallega (7% para demencias y 28,77 discapacidad) hablan de 168.921 personas potencialmente dependientes.
La evidencia no es, por tanto, demasiado alentadora ya que aunque desde la gerontología promovemos el que las personas mayores permanezcan en su domicilio (90% de los mayores permanecen en su domicilio), es necesario que cuenten con un sistema de apoyo, que les permita tanto a ellos como a sus familiares vivir con un mínimo de dignidad y calidad. En la actualidad, más de 3000 personas permanecen en la lista de espera pública gallega para acceder a una residencia, disponiendo de ayuda a domicilio (SAD) menos del 4%, cuando el ratio debería de elevarse al 8-10% como mínimo.
Con la puesta en marcha de la denominada como "Ley de la Dependencia", muchos profesionales y familias de afectados han generado la esperanza de encontrar un sistema equitativo, que de alguna manera acerque los recursos a quién más lo necesita teniendo en cuenta su situación funcional, económica y social, de tal manera que todos los ciudadanos tendrán derecho a ser atendidos (universal) de acuerdo a un régimen económico de co-pago en relación a la capacidad de cada sujeto; es decir, quién más tenga menos recibirá.
Pero la implementación de la Ley, además de lo referido a su parte administrativa (financiación, coordinación, gestión, etc.), deja varios interrogantes, que difícilmente serán solventados en un corto periodo de tiempo: uno se refiere al papel de la sanidad dentro de la misma, ya que no está definido; otro a la coordinación socio-sanitaria, ya que las personas mayores constituirán el 80% de los beneficiarios y la dependencia en ellos suele cursar con patologías; y por último, la configuración de los equipos de valoración de la dependencia, que se enfrentarán a una ardua labor, ya que aunque los potenciales beneficiarios en el 2007 son los cerca de 200.000 sujetos etiquetados como grandes dependientes (Grado III), seguramente a la hora de valoración se querrán sumar al reparto los más de 2.000.000 millones de personas con discapacidad, que no dependencia.
La puesta en marcha de la Ley, será un gran reto que deberán de asumir tanto las administraciones públicas, como los profesionales como las propias Universidades, como estamento de educación superior, encargados de adaptar los programas formativos a las exigencias sociales.
Por ello, desde el Grupo de Investigación en Gerontología (GIG) de la Universidad de A Coruña, a la vez que con la organización de este I Congreso Internacional sobre envejecimiento y dependencia, pretendemos establecer un foro de debate entre los profesionales del ámbito europeo, por otro lado, mediante la puesta en marcha del Programa Oficial de Postgrado en Gerontología, pretendemos dar la oportunidad a los profesionales del sector para que se formen en el campo de la atención a las personas mayores, mediante un título europeo, adaptado al Espacio Europeo de Educación Superior.
La Ley de la Dependencia como algo muy positivo, ya que puede ayudar a coordinar la gran dispersión existente de recursos dedicados a las personas mayores, pero habría que ir perfilando el papel de los profesionales de atención primaria desde el punto de vista de la coordinación socio-sanitaria, y la necesidad de contar con los titulados en Gerontología según los nuevos programas oficiales adaptados al marco del Espacio Europeo de Educación Superior, que serán los grandes expertos en Valoración e Intervención.
Fuente: Universidad Coruña
Pero así como el envejecimiento de la población es un hecho positivo, en donde además se ha constatado un incremento de la calidad de vida a esas edades, que duda tiene que el llegar a edades avanzadas generará en un porcentaje importante de población discapacidad (32%) en diferentes grados, y dependencia, generalmente en relación con las denominadas enfermedades edad-dependientes de evolución crónica como las demencias (7%-10% de las personas mayores de 65 años) o los accidentes cerebrovasculares (2400 casos/100.000 hab. año).
En España, según datos oficiales (Libro Blanco de la Dependencia) se calcula que hay más de 1.125.000 personas en situación de dependencia; mientras que datos de prevalencia extrapolados a la población gallega (7% para demencias y 28,77 discapacidad) hablan de 168.921 personas potencialmente dependientes.
La evidencia no es, por tanto, demasiado alentadora ya que aunque desde la gerontología promovemos el que las personas mayores permanezcan en su domicilio (90% de los mayores permanecen en su domicilio), es necesario que cuenten con un sistema de apoyo, que les permita tanto a ellos como a sus familiares vivir con un mínimo de dignidad y calidad. En la actualidad, más de 3000 personas permanecen en la lista de espera pública gallega para acceder a una residencia, disponiendo de ayuda a domicilio (SAD) menos del 4%, cuando el ratio debería de elevarse al 8-10% como mínimo.
Con la puesta en marcha de la denominada como "Ley de la Dependencia", muchos profesionales y familias de afectados han generado la esperanza de encontrar un sistema equitativo, que de alguna manera acerque los recursos a quién más lo necesita teniendo en cuenta su situación funcional, económica y social, de tal manera que todos los ciudadanos tendrán derecho a ser atendidos (universal) de acuerdo a un régimen económico de co-pago en relación a la capacidad de cada sujeto; es decir, quién más tenga menos recibirá.
Pero la implementación de la Ley, además de lo referido a su parte administrativa (financiación, coordinación, gestión, etc.), deja varios interrogantes, que difícilmente serán solventados en un corto periodo de tiempo: uno se refiere al papel de la sanidad dentro de la misma, ya que no está definido; otro a la coordinación socio-sanitaria, ya que las personas mayores constituirán el 80% de los beneficiarios y la dependencia en ellos suele cursar con patologías; y por último, la configuración de los equipos de valoración de la dependencia, que se enfrentarán a una ardua labor, ya que aunque los potenciales beneficiarios en el 2007 son los cerca de 200.000 sujetos etiquetados como grandes dependientes (Grado III), seguramente a la hora de valoración se querrán sumar al reparto los más de 2.000.000 millones de personas con discapacidad, que no dependencia.
La puesta en marcha de la Ley, será un gran reto que deberán de asumir tanto las administraciones públicas, como los profesionales como las propias Universidades, como estamento de educación superior, encargados de adaptar los programas formativos a las exigencias sociales.
Por ello, desde el Grupo de Investigación en Gerontología (GIG) de la Universidad de A Coruña, a la vez que con la organización de este I Congreso Internacional sobre envejecimiento y dependencia, pretendemos establecer un foro de debate entre los profesionales del ámbito europeo, por otro lado, mediante la puesta en marcha del Programa Oficial de Postgrado en Gerontología, pretendemos dar la oportunidad a los profesionales del sector para que se formen en el campo de la atención a las personas mayores, mediante un título europeo, adaptado al Espacio Europeo de Educación Superior.
La Ley de la Dependencia como algo muy positivo, ya que puede ayudar a coordinar la gran dispersión existente de recursos dedicados a las personas mayores, pero habría que ir perfilando el papel de los profesionales de atención primaria desde el punto de vista de la coordinación socio-sanitaria, y la necesidad de contar con los titulados en Gerontología según los nuevos programas oficiales adaptados al marco del Espacio Europeo de Educación Superior, que serán los grandes expertos en Valoración e Intervención.
Fuente: Universidad Coruña
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